Por un nuevo pacto educativo

¿Nuevo Gobierno, nueva reforma educativa? Eso pareció dejar claro la nueva ministra de educación, Isabel Celaá, este pasado mes de julio cuando anunció la intención del Gobierno por ampliar la reforma de la LOMCE con la mayor brevedad posible.

Si te interesa el rumbo de la ley educativa y la necesidad por lograr un nuevo pacto educativo sigue leyendo y comenta.

La educación española está caracterizada por tener una de las tasas de abandono escolar más altas de la UE, una elevada tasa de repetición, escasos resultados académicos, baja motivación del profesorado y una escasa adaptación del sistema educativo a la realidad social y económica. Estos problemas que presenta la educación en nuestro país, y que han sido apuntados repetidamente por informes educativos elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica y el Ministerio de Educación, han tratado de ser solventados a través de una cantidad desorbitada de reformas con escasa brevedad de tiempo entre ellas, creando confusión entre los agentes implicados por la falta de margen dado para llevarlas a la práctica y evaluar sus resultados.

En los últimos treinta y cinco años la educación ha sido testigo de hasta un total de once leyes educativas elaboradas por los poderes públicos, mostrando la debilidad del sistema educativo. Modificar la educación es un asunto controvertido por la carga ideológica involucrada y sus consecuencias sobre el modo de construirse la sociedad.  Es por ello por lo que se necesita encontrar un pacto educativo que libre a la educación y los agentes implicados en la misma de los vaivenes políticos, otorgando estabilidad y reforzando el sistema.

Destacando la perspectiva de las cuatro fuerzas mayoritarias podemos encontrar en un lado de la balanza el modelo defendido por el Partido Popular y Ciudadanos, sobreponiendo la libertad de enseñanza al derecho a la educación, la calidad de la enseñanza a la equidad en las aulas y el carácter individualista y privatizador al colectivista y público, y al otro lado el modelo planteado por el Partido Socialista y Podemos, sobreponiendo los valores contrarios.

Las verdaderas dificultades comienzan cuando pensamos en las cuestiones fundamentales que deben de estar recogidas en el pacto educativo, y que responden a preguntas como: ¿Qué educación queremos? ¿Qué valores deben de transmitirse? ¿Buscamos una educación exclusiva y que promueva la competitividad o una inclusiva que promueva la igualdad?

En primer lugar, los recursos utilizados para la mejora educativa deben ser entendidos como una inversión en lugar de como un gasto. Nuestro país ocupa el quinto puesto por la cola en el gasto público destinado como porcentaje del Producto Interior Bruto a educación. Por tanto, un punto fundamental que debe de estar recogido en el pacto es la subida de los recursos públicos destinados a esta partida, pasando del 4.1 por ciento (dato de 2015) a la media comunitaria del 4.5 por ciento.

En segundo lugar, las decisiones educativas deben estar tomadas por la participación conjunta del profesorado, la comunidad educativa y los poderes públicos. La toma de decisiones educativas gestadas herméticamente y únicamente desde arriba debe ser sustituida por un proceso abierto y de reflexión colectiva.

En tercer lugar, los planes de estudios de la profesión docente deben ser revisador para regular la formación y el acceso a la carrera de docente independientemente del nivel educativo y tipo de centro en el que ejerza su actividad (defendido por el presidente del sindicado docente ANDE, Nicolás Fernández Guisado). La labor del docente requiere de un aprendizaje continuo, y para ello necesita adquirir conocimientos específicos, actualizarlos y saber difundirlos.

En cuarto lugar, la educación debe considerarse un derecho universal como recoge la Constitución en su artículo 27. La escuela pública de calidad debe potenciarse para garantizar que la disparidad de condiciones económicas y sociales no tenga repercusión sobre el acceso a la educación.

En quinto lugar, la educación debe formar ciudadanos activos y libres, desarrollando competencias y destrezas en aquellas materias relacionadas con las humanidades, las ciencias y el arte. El intenso periodo de crisis económica y la alarmante tasa de desempleo no pueden ser utilizadas para proponer materias que adapten el sistema educativo a la demanda del mercado de trabajo (defendido por el ex-ministro de educación Ángel Gabilondo).

Ahora bien, ¿hasta qué punto se puede ceder? El pacto educativo no puede ser un acuerdo de pactar por pactar, sino que debe resolverse a través de un consenso, analizando adecuadamente los retos educativos para mejorar la sociedad presente y futura. Una sociedad que demanda evidentemente un pacto articulado y encauzado para la formación de ciudadanos. Pero, ¿existe una verdadera intención por parte de los poderes públicos para llevarlo a cabo?

¿Interesante? Deja tu comentario con los puntos más importantes que consideres que debe de tener el pacto educativo logrado.